El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 85 votos el inicio de un proceso de fiscalización a la resolución del Consejo de la Judicatura, emitida el 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se suprimieron y modificaron dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. La decisión legislativa fue remitida a la Comisión de Justicia, que deberá analizar los alcances y las consecuencias de esta reestructuración en el sistema judicial ecuatoriano.
La supresión de los juzgados anticorrupción generó de inmediato cuestionamientos de sectores políticos, académicos y de la sociedad civil, que advirtieron sobre el riesgo de debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en un contexto de alta conflictividad. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad que ha exigido la creación de unidades judiciales especializadas, por lo que la medida del Consejo de la Judicatura fue leída por varios actores como un retroceso institucional.
Con 85 votos, el Pleno respaldó la moción de fiscalización, lo que obliga a la Comisión de Justicia a convocar a las autoridades judiciales involucradas y a revisar la legalidad y pertinencia de la resolución. El proceso parlamentario permitirá conocer los criterios técnicos que sustentaron la decisión del Consejo de la Judicatura y evaluar si existieron afectaciones a la independencia judicial o a la capacidad operativa de la justicia especializada.
El resultado de esta fiscalización podría derivar en recomendaciones, pedidos de información o incluso en acciones legales contra los responsables de la resolución. La ciudadanía y los organismos de control seguirán de cerca el desarrollo de este proceso, que se convierte en un termómetro de la voluntad política del Estado para enfrentar la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.