El Consejo de la Judicatura de Ecuador informó que la reestructuración dispuesta mediante la Resolución 187-2026 no elimina la capacidad especializada para conocer delitos de corrupción y crimen organizado, sino que busca ampliar y optimizar la respuesta judicial. La aclaración se produce en medio del debate público sobre el alcance de la medida y su impacto en la administración de justicia. La entidad sostiene que la decisión responde a la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema.

La Judicatura explicó que el país enfrenta un déficit de jueces y una elevada carga procesal, factores que obligaron a replantear la estructura de los juzgados especializados. Según la institución, la reorganización permite pasar de 19 unidades a un esquema más amplio y funcional, con el objetivo de atender con mayor celeridad los casos de alta complejidad. El anuncio busca despejar las dudas surgidas entre operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil.

La entidad subrayó que la capacidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado se mantiene intacta y que la reestructuración responde a criterios técnicos y no a presiones políticas. "Frente al déficit de jueces y la carga procesal, pasamos de 19 a un número mayor de unidades", señaló la Judicatura en su comunicado. La medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

El pronunciamiento de la Judicatura abre un nuevo capítulo en el debate sobre la independencia y la eficacia del sistema judicial ecuatoriano. Organismos de control y actores políticos seguirán de cerca la implementación de la Resolución 187-2026 para verificar que no se debilite la persecución de delitos graves. La ciudadanía espera que la reestructuración se traduzca en procesos más rápidos y en una mayor capacidad de respuesta frente a la corrupción.