Un grupo de migrantes retornados de la ciudad de Ibarra denunció una estafa de 91.000 dólares relacionada con la compra de terrenos que nunca se concretó. Según el relato de los afectados, el dinero fue depositado a una persona identificada como Carlota Villarreal para cerrar una negociación inmobiliaria que jamás llegó a buen término. El caso se remonta a cuatro años atrás y hasta ahora no registra avances sustanciales en la investigación penal.

Los denunciantes acudieron a la Defensoría del Pueblo de Imbabura, en la gestión del doctor Marco Cadena, para exigir celeridad en el proceso y protección para las víctimas. El caso refleja una problemática recurrente en la provincia: migrantes que regresan al país con ahorros de años de trabajo y se convierten en blanco de fraudes inmobiliarios y financieros. La falta de asesoría legal y la informalidad en las transacciones de tierras agravan la vulnerabilidad de este grupo.

Los afectados sostienen que la Fiscalía de Imbabura no ha realizado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos ni para recuperar el dinero entregado. La Defensoría del Pueblo ha acompañado el reclamo y ha solicitado información sobre el estado del expediente, mientras los denunciantes advierten sobre el impacto económico y emocional que la estafa ha tenido en sus familias. Hasta el momento, no se ha confirmado una respuesta oficial de la entidad judicial sobre el caso.

El caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor y de acceso a la justicia en Imbabura, especialmente para quienes retornan del exterior. Organizaciones sociales insisten en la importancia de verificar la legalidad de los terrenos y de formalizar las transacciones ante notario. Los afectados esperan que las autoridades retomen la investigación y que el proceso avance en los próximos meses.