La tercera Mesa de Justicia y Género de Imbabura reunió a autoridades y representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales con el objetivo de establecer acciones conjuntas frente a los casos de violencia y vulneración de derechos en la provincia. El espacio de coordinación interinstitucional busca mejorar la respuesta del Estado ante denuncias y garantizar una atención oportuna a las víctimas. La cita se desarrolló en la capital provincial con la participación de delegados de varias entidades.

La Mesa de Justicia y Género se ha consolidado como un mecanismo clave para articular el trabajo entre el sistema judicial, la Policía, las unidades de protección y las organizaciones de la sociedad civil. En Imbabura, los casos de violencia intrafamiliar y de género han generado preocupación por las demoras en la atención y por la falta de recursos en las unidades especializadas. La coordinación interinstitucional apunta a cerrar esas brechas y a evitar la revictimización de quienes denuncian.

Durante la jornada, los participantes analizaron los protocolos de atención vigentes y evaluaron los cuellos de botella que dificultan la respuesta rápida. Se planteó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal, mejorar los canales de denuncia y garantizar el acompañamiento legal y psicológico a las víctimas. Las autoridades presentes coincidieron en que la articulación entre instituciones es indispensable para que las políticas de protección tengan un impacto real en el territorio.

Los acuerdos alcanzados en la Mesa serán monitoreados en las próximas reuniones, con el objetivo de medir avances concretos en la atención de casos. Organizaciones sociales insisten en que la coordinación debe traducirse en resultados verificables y en una reducción de la impunidad. El seguimiento de estos compromisos será determinante para evaluar la efectividad del enfoque interinstitucional en la provincia.