La segunda Mesa Provincial de Niñez y Adolescencia de Imbabura reunió a autoridades locales, judiciales y de seguridad para atender los nudos críticos que afectan a niñas, niños y adolescentes en la provincia. Entre los acuerdos alcanzados destacan la intervención en casos de acogimiento institucional, la gestión ante la Policía Nacional para incrementar el personal de la DINAPEN y la garantía de atención especializada en situaciones de violencia de género que involucren a menores de edad. La cita se desarrolló en la capital imbabureña con la participación de representantes de los seis cantones.
La mesa provincial responde a una preocupación creciente por la capacidad institucional de respuesta frente a casos de vulneración de derechos. En Ecuador, los sistemas de protección a la infancia han enfrentado históricamente limitaciones de personal, presupuesto y coordinación entre entidades, lo que retrasa la atención de denuncias y el seguimiento de medidas de protección. En Imbabura, la dispersión geográfica entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí añade complejidad logística a la labor de los equipos técnicos.
Durante la jornada, los participantes coincidieron en que el acogimiento institucional debe ser una medida excepcional y temporal, priorizando alternativas familiares cuando sea posible. Se acordó también fortalecer los protocolos de derivación entre la Fiscalía, las juntas cantonales de protección de derechos y los equipos sociales municipales. Las autoridades subrayaron que el incremento de personal de la DINAPEN es una demanda sostenida del sistema, pues la unidad especializada de la Policía Nacional atiende casos de alta sensibilidad que requieren formación específica y acompañamiento psicosocial.
Los acuerdos serán monitoreados en próximas sesiones de la mesa, con seguimiento a los indicadores de respuesta institucional. Organizaciones sociales y defensores de derechos de la niñez esperan que estos compromisos se traduzcan en recursos concretos y no queden solo en el papel. La provincia busca así consolidar un modelo de trabajo articulado que pueda replicarse en otras jurisdicciones del país.