El asambleísta por Imbabura Pablo Jurado explicó que la Ley Antimafias que tramita la Asamblea Nacional busca fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado para prevenir, investigar, perseguir, sancionar y desarticular a las organizaciones criminales que operan en el país. Según el legislador, el objetivo central de la normativa es golpear la estructura económica de estas bandas, es decir, el dinero que les permite sostener sus operaciones y ampliar su capacidad de reclutamiento en territorios como la sierra norte.
La discusión de esta ley ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana en provincias como Imbabura, donde en los últimos años se han reportado casos de extorsión, microtráfico y presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. La iniciativa legislativa se suma a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, como los estados de excepción y la militarización de ciertas zonas, aunque expertos en seguridad advierten que sin una estrategia integral que incluya prevención social y control financiero, los resultados podrían ser limitados.
Jurado sostuvo que la ley contempla herramientas para que las instituciones del Estado actúen de manera coordinada y no aislada, con especial énfasis en el rastreo de los recursos que alimentan a las mafias. "Con la Ley Antimafias se busca reducir la capacidad económica del crimen organizado", afirmó el asambleísta imbabureño, quien insistió en que debilitar el financiamiento de estos grupos es tan importante como la persecución penal de sus integrantes. El debate legislativo incluye también disposiciones sobre cooperación entre fiscalía, policía y unidades de inteligencia financiera.
El siguiente paso será la votación del articulado en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera un respaldo mayoritario. Para Imbabura, la expectativa de autoridades locales y gremios productivos es que la norma se traduzca en resultados concretos en los cantones donde la actividad comercial y turística se ha visto afectada por la inseguridad. Analistas coinciden en que el éxito dependerá de la capacidad real de implementación y del presupuesto asignado a las entidades encargadas de aplicarla.