El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un toque de queda en cuatro provincias del país luego de encabezar una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en el Palacio de Gobierno, en Quito. La medida se anunció apenas un día después de la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cerró en territorio ecuatoriano una gira regional que también incluyó a Colombia y Perú. El decreto busca reforzar el control territorial en zonas consideradas críticas por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
La decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad interna, que se ha convertido en el eje central de la agenda política ecuatoriana en los últimos años. La cooperación con Washington en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido uno de los puntos altos de la gira de Rubio, quien calificó al Hemisferio Occidental como una prioridad real y no retórica para la administración estadounidense. Ecuador, ubicado entre los principales productores de cocaína de la región, enfrenta presión internacional para endurecer sus operativos.
Según trascendió, el Cosepe evaluó informes de inteligencia sobre la actividad de bandas criminales y la necesidad de resguardar corredores estratégicos. El toque de queda implica restricciones a la circulación en horarios nocturnos y refuerza la presencia de policías y militares en las provincias intervenidas. La medida generó reacciones encontradas: mientras algunos sectores respaldan el endurecimiento de las acciones, gremios comerciales y de transporte advierten sobre el impacto económico de las restricciones en la actividad nocturna.
En los próximos días se espera que el Gobierno detalle el alcance exacto del decreto, los horarios de vigencia y las provincias afectadas, así como los mecanismos de coordinación con gobiernos locales. Analistas señalan que el éxito de la medida dependerá de su implementación sostenida y de la capacidad del Estado para evitar abusos en los operativos. La oposición, por su parte, anticipó que exigirá informes sobre los resultados y el costo fiscal de la estrategia.