El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, según informó el mandatario el pasado 9 de septiembre de 2026. La medida representa un giro radical en la política de seguridad del país vecino y ha generado un intenso debate en la región andina.
De la Espriella, quien completó su primer mes de gobierno, argumentó que "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes". La decisión se enmarca en su estrategia de seguridad que incluye el fin de la política de "paz total" y un mayor acercamiento con Estados Unidos e Israel en materia de cooperación militar y antinarcóticos.
La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición colombiana, que advierten sobre el riesgo de un aumento de la violencia armada en las ciudades. Sin embargo, el gobierno defiende la decisión argumentando que el ciudadano de bien debe tener la posibilidad de defenderse frente a la delincuencia organizada que opera en varias regiones del país, especialmente en las zonas fronterizas con Ecuador.
La decisión de Colombia tendrá implicaciones para toda la región, incluido Ecuador, que comparte una extensa frontera con el país vecino. Se espera que las autoridades ecuatorianas refuercen los controles en los pasos fronterizos para prevenir el ingreso ilegal de armas, mientras organismos internacionales evalúan el impacto de esta política en la seguridad regional.