La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional realizó la práctica de pruebas de cargo y de descargo dentro del trámite del juicio político planteado por el asambleísta Sergio Peña en contra de David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones. En su defensa, Rosero negó haber mantenido una reunión con un postulante al cargo de Fiscal General del Estado.

El juicio político contra Rosero se enmarca en una serie de tensiones entre el CPCCS y otros poderes del Estado por los procesos de designación de autoridades de control. La acusación se centra en presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo, y el caso ha captado la atención pública por su relación con la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía, un proceso de alta sensibilidad institucional en Ecuador.

Durante la diligencia, el consejero presentó sus argumentos y negó categóricamente el encuentro que se le atribuye con un aspirante a Fiscalía, uno de los puntos centrales de la acusación. Los asambleístas de la comisión escucharon las pruebas de ambas partes y deberán elaborar un informe que recomiende o no el juicio político ante el pleno del Legislativo. El proceso avanza en medio de un clima político marcado por la proximidad de nuevas elecciones.

El desenlace de este caso podría influir en la composición y el funcionamiento del CPCCS, así como en la percepción ciudadana sobre la transparencia de los procesos de designación de autoridades. Se espera que la comisión emita su informe en los próximos días, tras lo cual el pleno de la Asamblea decidirá si da paso al juicio político o archiva la causa.